Macarena Lozano Oyola y Luis Benjamín Romero Landa (leer comunicación)
La regulación europea del mercado televisivo para la protección de los menores
Macarena Lozano Oyola y Luis Benjamín Romero Landa.
Macarena Lozano Oyola. Doctora en Economía por la Universidad de Sevilla. España.Luis Benjamín Romero Landa. Licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla. Profesor de Economía de los Medios Audiovisuales. Universidad de Sevilla. España.
Grupo de trabajo: Economía y Políticas de comunicación.
IX Congreso IBERCOM
Sevilla-Cádiz, 2006.
Esta comunicación es un primer resultado del Proyecto de Investigación “Calidad de los contenidos audiovisuales (programáticos y publicitarios) dirigidos a la infancia. Diseño de un instrumento de medida (2003-2007)” (SEJ2004-01830/CPOL), del cual son investigadores los autores de esta comunicación y en el que participan tres Universidades españolas: Alicante, Pablo de Olavide y Sevilla. El objetivo de este Proyecto es determinar unos criterios de calidad de los contenidos audiovisuales que contribuyan al desarrollo de los menores y, a partir de ellos, estudiar la posibilidad de diseñar un sistema de certificación de la calidad de dichos contenidos.
Desde un punto de vista económico, el proyecto parte de la existencia de fallos de mercado (información imperfecta y “tragedia de los comunes”) en el sector audiovisual. Este planteamiento económico permite buscar soluciones similares a las ya adoptadas por otros sectores con problemática parecida (sector medioambiental o educativo), como es la certificación de la calidad. En el sector audiovisual sería un mecanismo que permitiría la elección de contenidos por parte de menores y padres o tutores, convirtiéndose en un instrumento de alfabetización mediática.
Previamente ha sido necesario conocer cuáles son los instrumentos que actualmente se están utilizando para lograr el objetivo de la protección de menores, que han sido básicamente mecanismos de regulación.
Concretamente esta comunicación recoge el análisis realizado de la regulación del mercado televisivo europeo en esta materia.
En los países desarrollados a lo largo de los últimos años ha ido surgiendo una preocupación social por los efectos que pueden tener los contenidos emitidos en televisión. Las propuestas de autorregulación de los contenidos han generado gran polémica por los riesgos de que, en la práctica, supongan el establecimiento de un sistema de autocensura o incluso de censura. Sin embargo, sí existe un amplio consenso respecto a la necesidad de establecer mecanismos de control sobre aquellos contenidos que puedan afectar al desarrollo de los menores.
El proceso de integración de la Unión Europea también se ha planteado cómo afrontar esta situación. Si a nivel mundial lo único existente son algunas recomendaciones de organismos de Naciones Unidas, en la Unión Europea las instituciones comunitarias han optado por regular la emisión de aquellos contenidos que puedan perjudicar el desarrollo de los menores.
La norma más importante elaborada por la Unión Europea es la Directiva de Televisión sin Fronteras (1989 y 1997). Esta Directiva intenta conciliar los objetivos de libertad de expresión y de la protección de los menores, al tiempo que pretende crear un mercado audiovisual europeo único.
Cada uno de los Estados miembros ha traspuesto esta Directiva de forma diferente. Mientras algunos han optado por los requisitos mínimos fijados en la norma, otros han establecido diferentes mecanismos (normalmente basados en la clasificación por edades y en la autorregulación) que son más severos que los fijados en la propia Directiva. En la práctica, esto está generando problemas ya que supone una restricción a la libre circulación de los productos audiovisuales en el mercado único europeo.
Para analizar cómo en la práctica los Estados miembros protegen a sus menores, la Comisión elaboró el Libro Verde sobre la protección de los menores y la dignidad humana (1996), cuyo resultado fue la Recomendación del Consejo para lograr una protección efectiva de los menores (1998). Posteriormente se han elaborado dos Informes de evaluación (2001 y 2003), que han dado lugar a una nueva Recomendación del Consejo y del Parlamento en el mismo sentido, que está en trámite de aprobación.
Tanto la Directiva como el resto de documentos citados serán objeto de análisis en esta comunicación.
